El último molino de la empresa que producía uranio para la defensa nacional y las necesidades energéticas de los Estados Unidos está listo para ser entregado al gobierno federal después de décadas de limpieza y control medioambiental.
El molino de uranio de Split Rock, situado cerca de Jeffery City, Wyoming, es una propiedad heredada que produjo uranio para abastecer tanto a los programas de defensa nuclear de EE.UU. como a la industria de energía civil desde 1957 hasta su clausura en 1981. El molino, el primero de Wyoming, utilizaba un proceso de extracción por lixiviación/disolución de concentrados para recuperar el uranio del mineral producido localmente, que luego se vendía como concentrado de uranio conocido comúnmente como "torta amarilla". La instalación fue construida originalmente por una empresa llamada Western Nuclear Inc. (WNI), que procesaba unos 7,7 millones de toneladas de mineral de uranio de las minas cercanas del centro de Wyoming durante el apogeo de la Guerra Fría y la floreciente era de la generación de energía nuclear.
Western Nuclear fue adquirida por Phelps Dodge Corp. en 1971. Aunque Freeport nunca operó el molino, asumió la responsabilidad de mitigar cualquier problema medioambiental y mantener la propiedad cuando la adquirió de Phelps Dodge en el 2007. La limpieza del emplazamiento comenzó en 1990 y finalizó 15 años después. Desde entonces, tanto la Comisión Reguladora Nuclear como el Estado de Wyoming la han supervisado estrictamente para garantizar que no existe ningún riesgo para el medio ambiente.
El siguiente paso es que el gobierno federal se haga cargo de la propiedad del molino y de unos 5.400 acres circundantes en virtud de una ley aprobada en 1978 para incentivar la producción de uranio, explicó Larry Corte, Consejero Senior I de Freeport-McMoRan y Presidente de su filial WNI. Esto liberará a Freeport de todas las obligaciones y responsabilidades reglamentarias futuras asociadas al molino de uranio.
"Desde el punto de vista de los accionistas, mitiga cualquier responsabilidad residual a largo plazo", señaló Corte. "Desde el punto de vista de la política, hemos sido buenos administradores corporativos y hemos cumplido todas nuestras obligaciones de mitigación de la seguridad radiológica y de recuperación de residuos con la Comisión Reguladora Nuclear y el Estado de Wyoming".
"Hemos completado nuestra recuperación final sobre la base de las estrictas normas de ingeniería establecidas por la Comisión Reguladora Nuclear y el Estado de Wyoming, que abordan tanto la seguridad radiológica como los impactos ambientales asociados con los residuos de procesamiento de uranio y los relaves producidos en el sitio desde el inicio de la planta a finales de 1950, hasta su completo saneamiento a principios de este siglo". "Este resultado final es un éxito en términos de gestión medioambiental".
Producción estratégica
Cuando se inauguró el molino, tanto la demanda estratégica como la económica de uranio estaban en auge. Era vital para el desarrollo de armas nucleares, ya que EE.UU. estaba inmerso en un conflicto mundial con la Unión Soviética. La energía nuclear también estaba en expansión y se consideraba una fuente de electricidad barata y fiable.
En aquella época, se pensaba poco en las consecuencias medioambientales de la molienda y el tratamiento del uranio y de los relaves resultantes. Por consiguiente, casi no existían normas, como la obligación de revestir los depósitos de relaves para evitar la infiltración en las aguas subterráneas.
A finales de la década de 1960, la conciencia sobre los riesgos de la producción de uranio y la preocupación por la protección del medio ambiente eran cada vez mayores. Ello condujo a la aprobación de la Ley de Control de la Radiación de los Relaves de los Molinos de Uranio de 1978, que imponía estrictas normas a la producción de uranio, en particular sobre los relaves y otros residuos de la molienda.
Como contrapartida a la nueva normativa, y en reconocimiento de que el uranio era esencial para la defensa nacional, la ley creó un mecanismo que permitía a los productores transferir la propiedad de las instalaciones de molienda desmanteladas al gobierno federal para que éste las gestionara como custodio legal permanente. Para ello, primero tendrían que solucionar los problemas medioambientales y restaurar el emplazamiento para que sea seguro y estable. Este proceso legal libera al antiguo propietario del molino – en este caso, Freeport – de la obligación de mantener las propiedades, siendo estas obligaciones transferidas permanentemente al gobierno federal.
Inicialmente, el molino de Split Rock tuvo tanto éxito que se amplió varias veces para satisfacer la demanda y depositó sus relaves en vertederos sin revestimiento que acabaron filtrándose a las aguas subterráneas.
El auge se desploma
Los buenos tiempos terminaron de repente en 1979, cuando un accidente en el reactor nuclear de Three Mile Island, en Pensilvania, provocó una fusión parcial en lo que sigue siendo el incidente nuclear más grave de la historia de Estados Unidos. Eso, unido a una película de ficción posterior, "El Síndrome de China", elevó la demanda de uranio – y el precio junto con ella – al reducirse la producción. El molino de Split Rock continuó funcionando, cumpliendo en gran medida los antiguos contratos al precio más alto, antes de su cierre definitivo en 1981. Los planes de reapertura se abandonaron en 1986.
El molino fue desmantelado, y todo el equipo insalvable fue enterrado en el sitio. El saneamiento de las aguas subterráneas contaminadas comenzó en 1990 y se prolongó durante 16 años. La limpieza del suelo comenzó en 1995 y requirió dos años. Los relaves se cubrieron con capas de tierra, roca y una barrera contra el radón, creando un embalse seguro diseñado para resistir la erosión y permanecer estable durante 1.000 años sin mantenimiento.
El costo de la limpieza fue de unos $70 millones de dólares. El Gobierno federal ha reembolsado a la empresa $31 millones de dólares en virtud de una ley aprobada en 1992 que permite reembolsar a los productores de uranio los costos de saneamiento asociados a la tramitación de pedidos de las agencias federales. Los contratos federales representan alrededor del 44% del uranio producido en el emplazamiento y, por tanto, la empresa tiene derecho al reembolso del 44% de sus costos de saneamiento.
Así pues, más de 40 años después de la clausura del molino y 15 años después de la finalización de los trabajos de limpieza, Western Nuclear ha transferido la titularidad de la propiedad al Departamento de Energía de EE.UU., que ahora asumirá todas las obligaciones de mantenimiento a largo plazo necesarias para gestionar el emplazamiento. Según Corte, este hito marca el último gran paso de un largo proceso normativo. Para cerrar el trato, la empresa, en cumplimiento de la normativa federal aplicable, ha pagado al Departamento de Energía de EE.UU. una "tasa de cuidado a largo plazo" única de $4,2 millones de dólares para cubrir los gastos de monitoreo futuro del emplazamiento.
Con ello, Western Nuclear dejará de existir y Freeport se desprenderá de su último molino de uranio, tras haber cedido uno en el estado de Washington al gobierno federal en el 2001.
"Ya no estaremos obligados a mantener o tomar medidas correctivas adicionales para rehabilitar la propiedad", dijo Corte. "Hemos cumplido nuestro compromiso de recuperar el emplazamiento respetando unos estrictos parámetros normativos. Nuestro esfuerzo de décadas deja tras de sí un emplazamiento de molienda y unos relaves adyacentes totalmente recuperados, y nuestro dividendo de una sólida gestión medioambiental, una operación heredada ahora sin futuras responsabilidades normativas ni obligaciones continuas".